Con fecha 31 de diciembre de 2014, se extinguirán los denominados Contratos Arrendamiento de Renta Antigua, y afectará, con la entrada en vigor de la Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, a todos aquellos contratos de arrendamiento de locales comerciales firmados con anterioridad al a mayo de 1985.

La Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, de 24 de noviembre, establecía en su Disposición Transitoria tercera “Contratos de arrendamiento de local de negocio, celebrados antes del 9 de mayo de 1985”, lo siguiente:

B) Extinción y subrogación,

4. Los arrendamientos de local de negocio cuyo arrendatario sea una persona jurídica se extinguirán de acuerdo con las reglas siguientes:

• 1.ª. Los arrendamientos de locales en los que se desarrollen actividades comerciales, en veinte años.

Se consideran actividades comerciales a estos efectos las comprendidas en la División 6 de la tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Por lo que se refiere a las personas físicas el límite es también de veinte años, incluso cuando se haya producido transmisión en ese periodo.

Esta moratoria, establecida en esta Disposición Adicional, tenía como objetivo la protección de los comercios, ubicados sobre todo en los cascos antiguos de las ciudades, y su mantenimiento en el tiempo, atendiendo a la situación económica que el país sufría en el año 1994.

La situación económica actual no es mejor que la de la fecha de la aprobación de la Ley. Vivimos en una época de recesión en el consumo, de  grave pérdida de puestos de trabajo, de aumento del ahorro familiar, lo que supone menos consumo dado que los ingresos familiares han disminuido considerablemente y de retroceso en la concesión de préstamos al consumo y de créditos comerciales.

Además, y según los datos del INE, son los pequeños comercios unilocalizados los que mantienen el empleo en este sector y no las grandes superficies, que vienen demostrando una pérdida de empleo progresiva en los últimos años.

La entrada en vigor de la nueva Ley supondrá un aumento en el alquiler de estos locales que muchos de los actuales arrendatarios no podrán soportar, con el consiguiente cierre de estos establecimientos y la pérdida de muchos puestos de trabajo.

Esta nueva situación afecta a más de 200.000 locales comerciales en todo el país, con especial incidencia en aquellas ciudades cuyos cascos históricos están catalogados como zonas turísticas. Su ubicación y la calificación de Patrimonio de interés de muchos de los edificios, han condicionado y condicionan a estos profesionales a la adaptación de los locales a la nueva realidad económica y a los gustos de los consumidores, por lo que todavía es más valorable su mantenimiento.

A petición de UPTA, el GP Socialista ha presentado una enmienda al RD de medidas urgentes solicitando una moratoria de diez años a esta situación.

Otras iniciativas se han puesto en marcha para defender a estos comerciantes, unidos en Plataformas con las que estamos contactando con el fin de agruparlas en una gran Plataforma Nacional.